Por John Beckham
Al leer el reciente artículo de Jim Gogek sobre la crisis de las aguas residuales de Tijuana,queda claro que la frustración en torno a este tema es real y está justificada. El colapso de una importante tubería de aguas residuales la semana pasada y el consecuente cierre de varias playas de San Diego que esto provocó, volvió a poner en evidencia la fragilidad del sistema.
Durante décadas, la cuenca del río Tijuana ha sido reflejo de las consecuencias de una planificación urbana inadecuada, inversiones postergadas, responsabilidades fragmentadas y una infraestructura envejecida. Todo ello ha dejado a las comunidades de ambos lados de la frontera con agua insalubre y aire contaminado.
Para los habitantes de San Diego, el cierre constante de playas se han vuelto parte de la rutina, pero no tendría que ser así.
La frustración, por sí sola, no va a reparar estos sistemas ni a proteger la salud pública. El progreso requiere una inversión constante, ejecución colaborativa y responsabilidad institucional. Hoy, en toda la región CaliBaja, comenzamos a ver u cambio trascendental en esa dirección.
En Tijuana y en el resto de la cuenca, los proyectos de infraestructura largamente postergados están avanzando con un nivel de coordinación binacional que antes no existía.
En los últimos tres años, México ha invertido $145 millones de dólares, con lo que ha superado sus compromisos de financiamiento a corto plazo para mejoras al sistema de aguas residuales, tanto en rehabilitación como en ampliación de la capacidad de tratamiento.
También se está atendiendo la vulnerabilidad estructural que han provocado fallas recurrentes. La rehabilitación del colector Paralelo por Gravedad busca corregir una debilidad crítica del sistema de recolección, mientras que otros proyectos binacionales están reemplazando más de 35,000 pies de tubería deteriorada y modernizando estaciones clave de bombeo. Se preveé que estos esfuerzos eviten que millones de galones de aguas residuales sin tratar ingresen al río diariamente.
Durante demasiado tiempo, los desafíos de infraestructura en esta cuenca se han abordado de forma aislada —un proyecto, una jurisdicción, una fuente de financiamiento a la vez. El enfoque integral que empieza a tomar forma —en el que las inversiones se planifican, coordinan y refuerzan entre agencias y fronteras— es indispensable en un sistema donde el agua y sus consecuencias no se detienen en una línea trazada en el mapa.
Ese es precisamente el papel para el que fue creado el Banco de Desarrollo de América del Norte.
Durante más de tres décadas, el NADBank ha operado como una plataforma binacional para financiar y ejecutar infraestructura ambiental a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Además de financiar proyectos, vincula a las partes involucradas, alinea prioridades y se asegura de que las inversiones se traduzcan en resultados medibles. Esta colaboración y el financiamiento disciplinado se han vuelto fundamentales a medida que las necesidades de infraestructura se vuelven más complejas e interdependientes.
A finales de abril, acompañé a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y a autoridades del estado de Baja California en el inicio de obras de un proyecto crítico de rehabilitación en la zona del río Tijuana. Esta iniciativa ampliará la infraestructura de recolección y conducción de aguas residuales, un paso esencial para mejorar la calidad del agua transfronteriza y fortalecer la salud pública en la región.
Incluso con este progreso, es importante tener claridad sobre lo que viene.
La cuenca del río Tijuana sigue bajo presión. Atender estas condiciones exige no solo concluir los proyectos ya en marcha, sino mantener el compromiso que permitió impulsarlos desde un principio.
Esa responsabilidad es compartida por todas las partes: California, Baja California, México, EE. UU. e instituciones como el NADBank. Todos deben mantener el compromiso de trabajar como un solo sistema.
Gracias a la visión de la Asamblea estatal, California tiene una clara oportunidad de acelerar estos avances mediante la Proposición 4, que destina recursos para abordar los desafíos de calidad del agua en sistemas transfronterizos. El impacto de esa inversión dependerá de la eficacia con que se implemente—priorizando proyectos listos para avanzar, reforzando esfuerzos binacionales en curso y asegurando que la nueva infraestructura se construya considerando su operación y mantenimiento a largo plazo.
Baja California y las autoridades federales en México deben mantener el enfoque en proyectos de alto impacto y una ejecución constante. Estados Unidos debe hacer lo mismo, alineando los recursos federales con las prioridades binacionales y asegurando que los plazos respondan a la urgencia que enfrentan las comunidades.
Para que el agua fluya en esta cuenta, deben coincidir múltiples factores interdependientes. Esta interdependencia no es una limitante, sino una oportunidad para sentar las bases de una inversión compartida, una responsabilidad mutua y un éxito conjunto.
Aprovechar esa oportunidad exige constancia. Requiere mantenerse alineados incluso cuando los avances sean graduales. Y exige resistir la tentación de medir los resultados solo en momentos de crisis, en lugar de hacerlo a lo largo de todo el ciclo de vida de una infraestructura diseñada para durar décadas.
La crisis del Río Tijuana no se resolverá con un solo proyecto, un solo ciclo de financiamiento o una sola entidad gubernamental. Se resolverá mediante la inversión constante, la ejecución disciplinada y el entendimiento compartido de que ninguna jurisdicción puede hacerlo por sí sola.
Esta es la tarea que tenemos por delante de manera colectiva.
Por primera vez en años, esta labor está en marcha, alineada y al alcance, siempre y cuando sigamos avanzando juntos.